Uno de los principales retos que México enfrenta en materia educativa consiste en mejorar la eficiencia del gasto público en el sector educativo. Evaluar la eficiencia de un sistema educativo nos lleva inevitablemente a revisar la relación entre el gasto ejercido y los resultados educativos alcanzados.
Por lo que nuestro sistema educativo debe de enfocarse en objetivos fundamentales para evaluar la viabilidad de la reforma educativa que se pretenda llevar acabo, en primer logar la cobertura de los servicios educativos que pueden ser modificados, sin tener que cambiar la política educativa ya que muchas veces estas reformas responden a las presiones políticas y propician en que los objetivos reales de la reforma no se lleven a cabo en su totalidad y por consiguiente se reduce el gasto publico destinado a la educación. El segundo punto es la supervisión y evaluación de la enseñanza-aprendizaje, debido que actualmente es muy difícil de monitorear el desempeño de las escuelas por parte de las autoridades educativas y de los padres de familia.
Asimismo, y ante la nula vigilancia de estos centros y a los mismos docentes no se les proporcionan los incentivos suficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación debido a que es muy difícil distinguir el esfuerzo individual de cada docente y su contribución al producto final. Por esta razón, es necesario mejorar los mecanismos de evaluación de los alumnos para medir con mayor precisión los resultados educativos.
Finalmente, la instrumentación de las políticas educativas requiere generalmente de la participación de diversos actores: maestros, directores, alumnos, supervisores, la burocracia federal y estatal, y los padres de familia. Estos actores deben contar con la información necesaria, oportuna y detallada para que el sistema funcione de la mejor manera para elevar el nivel educativo y reducir el bajo rendimiento de los alumnos.
Actualmente en México la estructura del gasto publico educativo tiene algunas dificultades y por consiguiente el ajuste oportuno, ante cambios en la economía y del aspecto demográfico del país. Dado que algunas características que repercuten a la baja flexibilidad del ejercicio del gasto que es dirigido a la educación, entre estas características tenemos: a) la provisión de educación pública gratuita a todos los niveles; b) la rigidez en el mercado laboral respecto a la contratación, promoción y jubilación de los maestros; y c) el alto poder de negociación del sindicato magisterial.
Dados los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales, es claro que en un país con tantas necesidades como el nuestro se requiere trabajar en la búsqueda de instrumentos para mejorar la calidad y para promover un uso más eficiente de los recursos. La instrumentación de políticas que incidan sobre la calidad y eficiencia del sistema educativo requieren la introducción de incentivos, sistemas de supervisión, y mayor rendición de cuentas (a través de la descentralización o la participación más activa de los padres de familia).
En la situación actual es difícil incrementar aun más los niveles del gasto del sector educativo. Por lo que es importante que los actores involucrados en este sector educativo establezcan prioridades en la asignación del gasto educativo a fin de optimizar los recursos disponibles. Y así poder alcanzar los objetivos trazados por lo que es necesario construir acuerdos de largo plazo entre los diferentes actores participantes en el ramo educativo, y que nos permitan contar con una política educativa eficiente en cada Estado.
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